Gobierno Bolivariano
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Fiscal General de la República:
se ejecutaron más de 10 mil crímenes entre 1958-1998


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Luego de cuatro años de investigaciones la Comisión por la Justicia y la Verdad concluyó su informe final según lo que establece la Ley para Sancionar los Crímenes y Violaciones a los Derechos Humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. La presentación se hizo desde el Teatro Principal de Caracas.  La Comisión determinó que en esos años 10.071 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer al pueblo venezolano todos los detalles de las operaciones irregulares en la gestión criminal de seguridad realizadas por el binomio AD-Copei en los regímenes “puntofijista” entre 1958 y 1998.

El contundente informé tiene carácter histórico y arroja una visión clara sobre lo ocurrido en términos de violaciones a los derechos humanos por razones políticas, luego que los equipos de investigación de la Comisión revisaran 17 mil expedientes en distintos archivos de dependencia como la antigua DIGEPOL, DIM y Tribunales Militares entre las fuentes documentales más importantes que proyectó una cifra de más de diez mil víctimas directas.

La Ley  que permitió llegar al final acerca de la determinación de estas aberraciones criminales “puntofijista” fue sancionada por la Asamblea Nacional y puesta en ejecución por el Presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Frías (2011), de la que derivó la Comisión por la Justicia y la Verdad, juramentada por el Presidente Maduro y el otrora presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en fecha 27 de febrero 2013. Vale decir, esta Ley tipifica en el artículo 18, en su aparte 3º, que  Estado está obligado a garantizar la reivindicación moral, social y política de todas las víctimas.

Desde entonces la Comisión inicio el proceso de revisión documental y sistematización de la información, registro y búsqueda de víctimas de violaciones a los derechos humanos conjuntamente con el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, otros ministerios del ejecutivo y las organizaciones populares organizadas para determinar el mapa de hallazgos que tuvo como resultado el Informe Final de la Comisión.

El saldo certificado de la investigación deja una ventana abierta para continuar el proceso de búsqueda de víctimas del terrorismo de Estado entre 1958 y 1998, la cuales están contabilizadas hasta ahora en 10.071 víctimas, es decir, mártires de asesinatos, tortura y desaparición por razones políticas durante el período puntofijista (1958-1998).

La comisión, instalada el 27 de febrero de 2013 para esclarecer la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos durante el mencionado periodo, determinó que de los 10.071 casos, 1.412 son corresponden a asesinatos, 8.200 a detenciones arbitrarias y 459 a desapariciones forzadas. Aunque extraoficialmente, la cifras de víctimas por asesinatos es mucho mayor, sólo durante el “Caracazo” liquidaron más de 3.000 ciudadanas y ciudadanos.

Para elaborar el informe final se realizó una investigación exhaustiva que incluyó la revisión de los datos asentados en documentos de las antiguas Digepol y Disip, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Corte Marcial, así como de los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones, los centros de detención y tortura dirigidos por fuerzas de seguridad del Estado.

Como parte del proceso de registro e identificación de las víctimas, la Comisión realizó 36 exhumaciones, 21 solicitudes de revisión constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia y 1.505 denuncias de casos de violaciones de derecho humanos ante el Ministerio Público.

La presidenta de la Comisión, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en el Teatro Principal de Caracas, acompañada de los familiares de las víctimas y autoridades de Estado, precisó:

“El objetivo de este acto es presentar al país el informe final de la comisión por la Justicia y la Verdad y con ello dar a conocer la violación sistemática de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ocurridos en ese período, 1958-1998. La finalidad es difundir y dejar registro de todo el proceso político, económico y social que se vivió en esos años y así comprender la gravedad de las circunstancias que rodearon las causas y consecuencias del terrorismo de estado que se vivió durante en esos años".

Del mismo modo, destacó que una las premisas que reunió al equipo de investigadores es que se mantenga viva la memoria histórica del pueblo para recordar cómo se movilizó la sociedad en aquellos momentos para que su voz fuera escuchada y cuáles fueron las respuestas represivas de los gobiernos de turno.

La Fiscal Ortega Díaz sostuvo que el informe “es una respuesta a las violaciones de los derechos humanos en que incurrió el Estado contra las personas que asumieron la defensa de los derechos del pueblo venezolano luego del 23 de enero de 1958".

"Durante esa época, 1958-1998, el asesinato, la tortura y la desaparición eran parte de una política del Estado con el que se pretendió derrotar las legítimas luchas sociales del pueblo. Bajo esas políticas de persecución, sobre toda la disidencia política, se crearon en todo el país, aquellas crueles estructuras, los teatros de operaciones que eran centros de tortura y muerte de campesinos, estudiantes, obreros, poetas, mujeres y líderes políticos a quienes se le atribuía el delito de luchar por su derecho a la tierra, a la huelga, a la educación, que fueron criminalizados por esos gobiernos”, aclaró.

Detalló la existencia de 20 campamentos técnicos destinados a la tortura durante esa época y gracias a la Comisión se logró acceder a documentos clasificados como secretos, contenidos en archivos policiales y militares, los cuales fueron digitalizados y sometidos a un proceso estadístico. 

"Como resultado de la investigación llevada a cabo por esta Comisión, se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante los años de 1958 a 1998. Se identificaron a muchos de los represores materiales así como también las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron.  Contra ellos, el Ministerio Público ejerció las acciones penales correspondientes", subrayó Ortega Díaz.

Puntualizó que en ese período, los cuerpos de seguridad se caracterizaron por la arbitrariedad, la siembra de pruebas,  allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones sin fórmula de juicio. "Era un delito preguntar por un familiar preso porque también lo dejaban detenido", comentó. También prevaleció  la "perversa práctica" del allanamiento a la inmunidad parlamentaria y procesar a civiles en tribunales militares.

 "Durante la vigencia de esta comisión se recibieron 1.387 denuncias, una sola denuncia reportaba la desaparición o la muerte de otras personas. Se examinaron 16.630 expedientes, investigando a más 16 mil nombres de víctimas de los archivos policiales y militares de dicho período. Logramos precisar la identidad de 10.071 víctimas, muertos, desaparecidos, en esa etapa oprobiosa (...) 1.425 fueron asesinadas directamente, 459 sufrieron desapariciones forzadas. Se logró la ubicación y exhumación de restos de 19 personas desaparecidas, 14 fueron entregados en actos públicos a sus familiares", dijo Ortega Díaz. Tras enfatiza que "en Venezuela no hay pena de muerte, no podemos repetir esa cultura de la cuarta república".

Durante la actividad, Ortega Díaz anunció la creación de la Fiscalía 94° Nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales. Al tiempo que propuso la creación de un Museo de la Memoria Histórica que muestre la verdad que se vivió durante esa época.

“Tenemos la obligación de reconocer que los hechos narrados en este informe son parte del lamentable episodio de nuestra historia que no podemos borrar, por el contrario, debemos mantenerlo más vivo y tener conciencia de lo que ocurrió y entender la necesidad de respetar las diferencias, entender que todos somos venezolanos y que una de las formas de lograr la paz es el respeto y la tolerancia y sobre todo de las garantías de los derechos constitucionales, es la única forma para que este tipo de hechos nunca más vuelvan a ocurrir en Venezuela”, enfatizó la Fiscal General.

Memoria histórica
Hace varias semanas se cumplieron 28 años de los sucesos del 27 y 28 de febrero y 1º de marzo 1989, uno de los acontecimientos más sangrientos durante la llamada Cuarta República, que dejó heridas tan grandes y profundas que aún permanecen abiertas en el corazón de los venezolanos. Las muerte en estos hechos criminales durante el régimen de Pérez estarían bordeando los 3.000 asesinatos.

Casi tres décadas después de aquella tragedia, se ha dado un paso al frente en el proceso de reivindicación y justicia, no solo a las víctimas del llamado “Caracazo”, sino a todas aquellas que padecieron la represión de los gobiernos del llamado puntofijismo, que detentaron el poder durante 40 años, con el trabajo y la presentación del informe elaborado por la Comisión por la Justicia y la Verdad.

Esta instancia –repetimos-- fue creada en 2013 con el objetivo de precisar el saldo de personas asesinadas, perseguidas, torturadas, secuestradas y desaparecidas durante ese tiempo, solo por el hecho de pensar distinto a los regímenes de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera y Jaime Lusinchi.

La referida Comisión estuvo presidida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien formó un equipo de abogados, técnicos y expertos, complementado con víctimas directas y familiares de las mismas.

Su tarea consistió en realizar una profunda investigación en todo el país, haciendo visitas a antiguos teatros de operaciones militares y de cuerpos de seguridad civiles, ejecutando exhumaciones, entrevistando a campesinos y personas en calidad de testigos y revisando expedientes y libros de novedades, entre otras premisas, con el objeto de ir esclareciendo sobre la marcha de la investigación como los organismos de seguridad de la época, principalmente la Dirección General de Policía (Digepol), el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), trataron siempre de ocultar o tergiversar esta descomunal cifra de crímenes.

Junto al Ministerio Público participaron en este trabajo otros organismos del Gobierno y del Estado, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Ministerio de la Defensa y la Corte Marcial.

Las venezolanas y los venezolanos deben concientizar estas acciones criminales que bajo ninguna circunstancia se pueden repetir, y precisamente, es lo que busca la derecha fascista apátrida en su afán de desear para la Patria Bolivariana, Zamorana y Chavista, una intervención estadounidense como lo hizo saber en el documento írrito que sancionó desde la Asamblea Nacional sin autoridad moral y ética por estar en desacato ante la Sala Electoral de la Máxima Instancia Judicial y haberse colocado por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre  1958-1998 en Venezuela lo que hubo fue un genocidio.

(Alberto Vargas)


27/03/2017