Gobierno Bolivariano
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Asamblea Nacional busca manipular
al pueblo con el inconstitucional
juicio político al presidente Maduro


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La Constitución de Venezuela no prevé la figura de juicio de responsabilidad o político contra el presidente obrero Nicolás Maduro; pero sí por el contrario todos los actos de la actual Asamblea Nacional (AN), están viciados de nulidad.

La AN acordó la destitución del presidente constitucional, bajo el argumento de abandono del cargo por su gira de trabajo a países OPEP y no OPEP sin el permiso del parlamento, aunque, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), había declarado la nulidad de todas las acciones del órgano legislativo por incurrir en desacato al Poder Judicial

El Poder Legislativo no puede aplicar el artículo 233 de la Constitución al Primer mandatario nacional por abandono de cargo, máxime si es el Presidente quien impulsa la recuperación de la economía del país a través del desarrollo de los 15 Motores, realiza alianzas estratégicas para el fortalecer el sector agroalimentario y recientemente cumplió una gira por los países árabes para la estabilidad de los precios del petróleo. El presidente Maduro ha cumplido a plenitud cada una de sus funciones desde el carácter militar, dando cumplimiento a los Art. 326° y 328° de la Constitución,  también como Jefe de Estado, de Gobierno y como Presidente.

Aun así la AN celebró una sesión especial para votar y abrir un juicio político contra el presidente Maduro, pese a que esta figura no existe en la Constitución desde 1999. Se trata de un intento de emular lo sucedido en Brasil, contra Dilma Rousseff y en Paraguay, contra Fernando Lugo, en 2012.

La AN, de mayoría opositora, acusa al presidente venezolano de quebrar el orden constitucional por supuestamente incurrir en “el bloqueo del camino hacia el revocatorio como expresión radical de ruptura del orden constitucional y del ejercicio despótico del poder”, así como el incumplimiento de los deberes constitucionales inherentes a su cargo, especialmente "las garantías y libertades de los venezolanos en materia política, social y económica”. Lo cual denota que está decididamente a quebrantar el Estado de Derecho y Justicia Social,  mediante argumentos falsos positivos que el poder mediático manipula para engañar al pueblo.

La AN sólo junto al Poder Ciudadano en pleno (integrado por el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Fiscal General de la República) podría ejercer una acción contra el Ejecutivo, y aún en esas circunstancias el TSJ tendrá la última palabra, el artículo 266 en el numeral 2 establece como atribución de la Máxima Instancia Judicial: "Declarar si hay o no, mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República".

Justamente el TSJ sentenció: “En primer término debe señalarse que la Asamblea Nacional ha incurrido en un falso supuesto de derecho al acordar la apertura de un juicio de responsabilidad política al Presidente de la República amparándose en un presunto fundamento contendido en el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La jurisprudencia patria ha sido reiterada en cuanto a establecer que: “el falso supuesto, se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta  su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto”.

Ahora bien, con fundamento en el criterio jurisprudencia arriba citado, se observa entonces que la competencia para declarar la responsabilidad política que otorga el mencionado artículo 222 se circunscribe a los “funcionarios o funcionarias públicas”, categoría ésta que es claramente definida y desarrollada por la Ley del Estatuto de la Función Pública vigente, la cual establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos serán de carrera o de libre nombramiento o remoción. Asimismo, en su artículo 20 establece que los funcionarios de alto nivel serán el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros o Ministras, entre otros, no incluyendo en ningún caso al Presidente de la República.

En tal sentido, es evidente que el Presidente de la República no es funcionario público de carrera, ni de libre nombramiento y remoción, ni es funcionario de alto nivel. El Presidente de la República ejerce un cargo de elección popular y le corresponde dirigir la Administración Pública en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

Asimismo, la Constitución Nacional en su artículo 187 Ordinal 10, no atribuye competencias a la Asamblea Nacional, para la aplicación de un voto de censura al Presidente de la República, sino que lo restringe a la figura del Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros o Ministras.

Es pertinente recordar que no es primera vez que este superior órgano de consulta del Ejecutivo Nacional advierte sobre la conducta recurrente de la Asamblea Nacional, a partir de enero de 2016, de subrogarse en funciones de otros Poderes Públicos. Conducta agravada en los últimos meses con amenazas y descalificaciones al resto de los Poderes, y específicamente a sus máximas autoridades, dirigidas claramente a obtener una posición de dominio o primacía en el estamento del Poder Público (…) incluso requiriendo a órganos multilaterales internacionales evaluar y calificar su actuación (…) en total transgresión a los principios básicos de existencia del Estado: la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en asuntos internos”.

Continuando con la sentencia Nº 948, el TSJ advierte: “Esta conducta plantea inmensos peligros para la vida republicana, para la paz, la estabilidad y para el futuro de nuestros ciudadanos pues, el fraude generado por la Asamblea Nacional con ella, genera expectativas en algunos grupos determinados de ciudadanos que siguen a los líderes políticos que hacen vida en dicha Asamblea y que de manera intencional y reiterada hacen ver que el Legislativo Nacional ocupa una posición de primacía frente al resto de los Poderes, por lo que el destino del país sólo depende de sus decisiones. Esta situación, aunque de carácter eminentemente fáctico, tiene una consecuencia jurídica directa, prevista claramente por quienes la han provocado, y es la de generar una profunda confusión en la opinión pública nacional e internacional con el objeto de obtener un rédito político (…) y obtener apoyo internacional para actuaciones jurídicas o fácticas injerencistas en nuestro país.

Por lo que el Alto Tribunal de la República, ordena: “A las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional ABSTENERSE de continuar con el pretendido juicio político y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales y que, en fin, contraríe el Texto Fundamental, de conformidad con la jurisprudencia  de esta Sala Constitucional”.

Asimismo, es contundente al reiterar  la declaración que hizo la Sala Constitucional en la sentencia Nº 808, en fecha 02 de septiembre de 2016, en el sentido de que: “…resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”.

Por tanto, el pueblo en general debe estar alerta, toda vez que la AN pretende colocarse por encima del Texto Fundamental, conculcando su articulado, a pesar de que el artículo 333, prevé: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Además, “la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”, (artículo 7).

(Alberto Vargas)


11/01/2017