El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el Comandante Hugo Chávez no ha terminado

Diecisiete años separan la autojuramentación de Pedro Carmona Estanga y del autoproclamado fantoche en medio de tensiones, amenazas, y pronunciamientos de la ultraderecha en alianza con Washington.

En la historia reciente de Venezuela se encuentran dos hechos: el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, ocurrido el 11 de abril de 2002, hace 17 años, y la autoproclamación como “presidente encargado” del fantoche, en fecha 23 de enero de este año.

Existen puntos de convergencia entre ambos golpistas, hay paralelismos que pueden esquematizarse, así:

  • Participación como actores políticos de los medios de comunicación, que han adversado tanto a los gobiernos de Chávez como al de Nicolás Maduro.
  • Promoción de la dirigencia más radical de la oposición de salidas no electorales para acabar con los mandatos constitucionales.
  • Actuación de EEUU
  • Respuestas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Chavismo.

La autojuramentación del farsante tuvo como precedente el mismo hecho, el 11 de abril de 2002, cuando Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, que agrupa a la cúpula empresarial venezolana, hizo lo mismo en el Palacio de Miraflores. El ambiente previo era similar: protestas antigubernamentales, deslegitimación de los poderes públicos, acusaciones de violación de los derechos humanos por parte del Estado y una fuerte campaña mediática opositora, a través del poder mediático en el ámbito internacional y en lo interno.

Antecedentes del golpe del 2002

El 13 de noviembre de 2001 se publicaron en la Gaceta Oficial 49 leyes, como parte de la ‘Ley Habilitante’, un instrumento legal constitucional que faculta al presidente para dictar decretos con fuerza de ley en situaciones de emergencia. Los especialistas sitúan este hecho como el detonante para el golpe de Estado, que fue denominado por la oposición como un “vacío de poder”.

Esta segunda habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional, incluía la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, que protegía los derechos de los campesinos frente a los ganaderos y prohibía el latifundio; la “Ley Orgánica de Hidrocarburos”, que incrementaba al 30% los tributos que debían pagar transnacionales por la explotación petroleras y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en empresas mixtas; y la “Ley de Pesca”, que resguardaba a los pescadores artesanales frente a las grandes compañías.

En protesta a estas leyes, que eran consideradas como “estatistas”, “inconsultas” y “cerradas a la economía global”, Fedecámaras convocó a un paro nacional que se llevaría a cabo el 10 de diciembre, con el apoyo de la central patronal Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) y la oposición. Esta primera acción generó otras huelgas similares a principios de 2002.

El 2 de abril de 2002, los medios recogieron los llamados de la “Coordinadora Democrática”, coalición opositora disuelta, la CTV, Fedecámaras y un grupo de extrabajadores petroleros a “paralizar al país”. La situación se alargó hasta los días siguientes, en un paro indefinido, que se planteó para el 9 de abril y los días posteriores.

La prensa y la televisión dedicaron gran parte de sus espacios a presentar las opiniones en contra del Gobierno, que era definido como “autoritario”, “represivo” y “sin capacidad de diálogo”.

De igual manera, tuvo gran centimetraje en la prensa que Chávez despidiera a altos cargos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), calificados de “saboteadores” de la principal industria del país. Los medios titularon que el Gobierno acabó con la meritocracia.

El 11 de abril se convocó una gran marcha opositora con la consigna “Ni un paso atrás”, que llegaría a la sede del Gobierno. Algunos medios de comunicación apoyaron directamente la propuesta, con titulares como “La batalla final será en Miraflores”. Ese día, se desataron los hechos violentos que, según investigaciones posteriores, fueron planificados por la oposición para causar muertes y justificar el derrocamiento de Chávez. Ese día, el chavismo también marchó.

El 2 de abril de 2002, los medios recogieron los llamados de la “Coordinadora Democrática”, coalición opositora disuelta, la CTV, Fedecámaras y un grupo de extrabajadores petroleros a “paralizar al país”. La situación se alargó hasta los días siguientes, en un paro indefinido, que se planteó para el 9 de abril y los días posteriores.

La prensa y la televisión dedicaron gran parte de sus espacios a presentar las opiniones en contra del Gobierno, que era definido como “autoritario”, “represivo” y “sin capacidad de diálogo”. Las acciones de la dirigencia opositora buscaban darle legitimidad al desconocimiento del presidente constitucionalmente electo en 1998, a través de una llamada “desobediencia civil”, que se sustentaba en una interpretación de los artículos 333 y 350 de la Carta Magna venezolana, tal como ha ocurrido recientemente.

De igual manera, tuvo gran centimetraje en la prensa que Chávez despidiera a altos cargos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), calificados de “saboteadores” de la principal industria del país suramericano. Los medios titularon que el Gobierno acabó con la meritocracia.

Alto mando militar y el golpe

Varios integrantes de la institución castrense se rebelaron contra el Gobierno, exigieron la renuncia de Chávez, a quien calificaron de “antidemocrático” y de haber reprimido brutalmente a los manifestantes, en un pronunciamiento tras el golpe de Estado. Esperaban ocupar cargos en la eventual administración del presidente de Fedecámaras Carmona Estanga.

Se dijo que Chávez había renunciado, sin que esto hubiera ocurrido realmente, para mitigar las tensiones. Mientras tanto, Chávez fue detenido y llevado a varios lugares, entre ellos a La Orchila.

Los medios titularon: “¡Se acabó!”, “Hugo Chávez se atrinchera”, “Chao, Hugo”, “Chávez se rinde”, “Las últimas horas del tirano”, entre otros titulares sensacionalistas. En Venezuela se llevó un hecho inédito: los canales de televisión manipularon sus informaciones para responsabilizar al Gobierno de una supuesta matanza de sus adversarios, el 11 de abril de 2002.

Posteriormente, el presidente Chávez fue llevado a la base naval de Turiamo, en el estado Aragua, donde le entregó a un soldado que lo custodiaba un manuscrito que explicaba que no había renunciado.

En paralelo, los militares que le eran leales idearon un plan para su rescate, mientras que miles de venezolanos se encontraban a las afueras del Palacio de Miraflores exigiendo su regreso. Finalmente, el 13 de abril fue trasladado nuevamente a la sede del Gobierno, por la Brigada de Maracay, para retomar el poder político.

Luego, en 2004 el entonces embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Jorge Valero, presentó una serie de documentos ante el bloque donde explicaba que EEUU había tenido una “abierta intervención” en el golpe. En el texto se mencionaban los nombres de funcionarios del Departamento de Estado, así como al embajador de entonces, Charles Shapiro, quien visitó al autojuramentado presidente Carmona Estanga.

Además, se daba cuenta de la presencia de helicópteros militares estadounidenses en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, buques de guerra en aguas del Caribe venezolano, reuniones de militares estadounidenses y venezolanos golpistas y un avión de EEUU que estaba en la isla La Orchila, donde llevaron al presidente Chávez, al ser retenido.

De igual manera, el entonces secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, quien consideraba a Chávez “poco democrático”, había manifestado su apoyo a un “gobierno de transición”. En Venezuela actuaba la National Endowment for Democracy (NED), que ofreció un millonario apoyo financiero a los partidos y ONG de la ultraderecha golpista abiertamente antichavistas.

El mismo guión del fantoche autoproclamado

Días antes de la autoproclamación de la marioneta de Donald Trump, el presidente obrero Nicolás Maduro fue juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para el periodo 2019-2025. Su reelección fue cuestionada por la ultraderecha, que se negó a participar en las presidenciales de 2018 argumentando que eran “ilegítimas” y una “farsa”, aunque otros partidos opositores si participaron en el evento electoral. Esta acción estuvo apoyada por EEUU y la mayoría de países de Europa y los gobiernos satélites de la región.

En esta oportunidad el detonante no fue solo la aprobación de leyes, se trataba del desconocimiento de los poderes públicos y de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa en 2017 como salida pacífica a las protestas organizadas por la oposición, que devinieron en hechos violentos que causaron más de cien muertes.

Otro antecedente del fantoche es que en su camino están también a principios de 2016, cuando la directiva de la Asamblea Nacional (AN) fue declarada en desacato. Dos años antes, se habían desarrollado protestas violentas que causaron más de 40 fallecidos y donde resultó encarcelado el político opositor Leopoldo López, por su relación con los hechos, tras haber dirigido acciones criminales contra el pueblo venezolano bajo el remoquete “la salida”.

A partir de 2016, se afianzó el desconocimiento de los poderes públicos y se preparó el ambiente para convocar a nuevas manifestaciones que buscaban derrocar a Maduro, que ocurrieron en 2017.

En 2018 hubo ataques contra sedes del Estado venezolano por parte del piloto Óscar Pérez y ocurrió el atentado fallido contra Maduro.

Entre 2017 y 2018 se celebraron cinco elecciones donde la dirigencia de la ultraderecha fascistas apátrida, no participó y realizó giras internacionales para pedir el rechazo a los resultados de las votaciones y el incremento de las sanciones contra Venezuela. Ahí están estos hechos que son verificables, todos sin excepción.

En estos escenarios criminales aupados por EEUU, el canciller, Jorge Arreaza, ha afirmado en distintas oportunidades que “EEUU no está detrás del golpe en Venezuela, está delante”, con referencia al reconocimiento del fantoche por parte de Washington y a la intensificación de las sanciones contra el país tras su autoproclamación, que incluye embargo de activos, bloqueos de cuentas bancarias y prohibiciones a los empresarios estadounidenses de realizar transacciones financieras con el Estado venezolano.

Además, el Gobierno venezolano responsabiliza a la Casa Blanca de haber participado en el atentado fallido contra Maduro, de financiar a la oposición para propiciar hechos de violencia y de estar detrás de los ataques electromágnéticos y cibernéticos a la Hidroeléctrica de Gurí, que abastece de energía al 70 % de país.

Desde el presidente Donald Trump, hasta lo altos voceros de su administración, han reiterado que “todas la opciones están sobre la mesa” en el caso de Venezuela. Son hechos comunicacionales, públicos y notorios, que no arrojan dudas.

Los medios de comunicación social privados han negado la legitimidad de Maduro y han reconocido como mandatario al fantoche. De igual manera, se han mostrado a favor de las medidas coercitivas impulsadas por EEUU y han posicionado en sus agendas el término de “crisis humanitaria” para definir la situación actual de crisis económica inducida desde EEUU contra el país. Por otra parte, también fueron escépticos al informar sobre el magnicidio frustrado en contra del presidente y sobre los ataques en contra de la Hidroeléctrica de Gurí, que abastece de energía al 70 % del país, y otras subestaciones.

En estos teatros de operaciones golpistas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha sido leal al pueblo venezolano y al presidente constitucional Nicolás Maduro y aquellos se han pronunciado en contra del mandatario no se encuentran activos o no manejan tropa.

Desde la autoproclamación, tanto la dirigencia de la oposición, como algunos gobiernos de la región y la Casa Blanca han pedido que los militares venezolanos den la espalda a su comandante en jefe, a cambio, de una “amnistía”, que ha sido catalogada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como una muestra de “amenazas” y “chantaje” que procura “intimidar con la coerción”.

Tras el intento fallido de ingreso de “ayuda humanitaria” el pasado 23 de febrero en Cúcuta, ciudad del departamento fronterizo del Norte de Santander, un grupo de mil soldados, según Bogotá, ha cruzado de Venezuela hacia Colombia en apoyo al fantoche. Sin embargo, denunciaron hace casi un mes que se sentían abandonados y que no les habían prestado la atención prometida.

Este golpe continúa en un escenario en el que el pueblo venezolano se mantiene monolíticamente unido, aupando al Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar.

Prensa INPSASEL

Alberto Vargas

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